jueves, 11 de octubre de 2012

Familiares de Marisela Escobedo rechazan que detenido sea el asesino


El hijo de la activista Juan Frayre Escobedo cree que el hombre presentado por las autoridades fue forzado a declararse culpable

Marisela Escobedo fue asesinada a quemarropa mientras hacía un plantón frente al palacio de gobierno de Chihuahua, Chihuahua, en 2010 (Cuartoscuro Archivo ).
Marisela Escobedo fue asesinada a quemarropa mientras hacía un plantón frente al palacio de gobierno de Chihuahua, Chihuahua, en 2010 (Cuartoscuro Archivo ).
Lo más importante
  • El hijo de la activista Marisela Morales dijo que el hombre presentado como el asesino de su madre es un 'chivo expiatorio'
  • Morales fue asesinada en 2010 cuando protestaba por el asesinato de su hija, Rubí Marisol Fraire, de 16 años

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Juárez y el asesinato de Marisela Escobedo
CIUDAD JUÁREZ (EFE) — El hombre presentado por las autoridades de Chihuahua como el presunto homicida de Marisela Escobedo, asesinada en 2010, es un 'chivo expiatorio', denunció este martes el hijo de la activista, Juan Frayre Escobedo.
Escobedo fue asesinada a quemarropa frente al palacio de gobierno de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en el norte del país, cuando pedía justicia por el asesinato de su hija, Rubí Marisol Frayre, de 16 años.
Morales responsabilizaba de la muerte de su hija a la entonces pareja de Rubí, Sergio Rafael Barraza.
El hijo de Escobedo, quien está refugiado en Estados Unidos por supuestas amenazas de muerte, aseguró en una conferencia de prensa haber identificado al "verdadero asesino", un ciudadano estadounidense.
"El hermano de mi mamá fue testigo del homicidio y ya lo denunció a la Procuraduría General de la República (PGR). Sabemos que es un estadounidense", dijo Escobar, quien se reservó la identidad del supuesto asesino, del que solo dijo podría estar residiendo en Ciudad Juárez o El Paso, Texas, en EU.
Las autoridades de Chihuahua presentaron este fin de semana a José Enrique Jiménez Zavala como el presunto asesino, pero Frayre dijo que pudo haber sido presionado para declararse culpable y resolver el caso.
Según la versión de las autoridades estatales, Jiménez Zavala, de 29 años, dirigía un brazo de la organización delictiva Los Aztecas y habría participado además en el homicidio de 16 personas durante el mes de abril en el interior de un bar en Chihuahua.
El presunto asesino fue capturado por agentes de la Policía Única Preventiva el 4 de octubre en el estacionamiento de un centro comercial en Chihuahua.

miércoles, 10 de octubre de 2012

HIJO DE MARICELA TORPEDEA FISCALÍA


Califica Juan Frayre Escobedo como chivo expiatorio al ‘Wicked’ y afirma que el asesino real de su madre está identificado pero sigue impune

La Polaka. EL PASO.- El hijo de Maricela Escobedo exiliado en El Paso, Juan Frayre Escobedo, dijo que  José Enrique Jiménez Zavala, El Wicked,  no es el asesino de su madre como afirma la Fiscalía de Chihuahua.
Agregó que es u chivo expiatorio y que el verdadero criminal está suelto e identificado, pero el gobierno de Chihuahua no ha querido escuchar los testimonios de la familia en torno al caso.
 En un comunicado, Frayre Escobedo establece que los esfuerzos de la Fiscalía de Chihuahua por presentar otro chivo expiatorio  ignora años de esfuerzos de investigación y de los testimonios proporcionados por la familia Maricela Escobedo a los fiscales federales.
El hermano sobreviviente de Maricela Escobedo,  testigo del asesinato frente a Palacio, ha identificado el asesino de Maricela Escobedo y de hecho ha presentado pruebas  a la oficina de la fiscalía federal en el Consulado Mexicano después de varios meses de protestas y presión para reunirse con los fiscales federales, quienes se rehusaron a venir a los Estados Unidos y tomar declaraciones de la familia Escobedo. La información proveída ha sido ignorada o no presentada a los fiscales del estado.
El hijo de Maricela explicó que  el gobierno mexicano no ha respondido a cientos de llamadas telefónicas con respecto a la investigación en curso y representa un desprecio de su derecho a ser informado de los esfuerzos del gobierno mexicano. En consecuencia, las últimas noticias de la detención de un nuevo asesino viene como una sorpresa y consternación de la familia.

sábado, 6 de octubre de 2012

Contrainforme


FUERA MALRATADORES DE LAS INSTITUCIONES



Pidamos a la Fiscalía General del Estado que abra unainvestigación por la acusación de comisión de delitos por parte de un miembro de la Institución como Fiscal del Tribunal Supremo: el señor Don Carlos Castresana.
El Sr. Castresana  interpuso una denuncia contra su ex mujer por convivencia con sus hijos. Convivió con los niños durante 8 meses en un Centro de Convivencia. Cuando llegó el embargo de su sueldo para pagar la pensión, Castresana lo evadió pidiendo la excedencia en su puesto de fiscal del Tribunal Supremo y se fue a vivir a Monterrey. Desde esa fecha, a causa del acoso, hostigamiento y las amenazas de muerte, Sanjuana Martínez interpuso una denuncia por violencia familiar ante la Procuraduría de Justicia Familiar con la averiguación previa 767/2012 y la procuradora agente del Ministerio Público Gabriela Reyes Castro autorizó una orden de restricción que fue concedida por María Francisca Marroquín Ayala, Juez Primero Penal del Cuarto Distrito Judicial.
 El jueves 5 de julio Sanjuana Martínez fue detenida en su domicilio  por una orden dictada contra ella por la jueza Luz María Guerrero. El día antes, Sanjuana había denunciado a la citada jueza, ante el Consejo de la Judicatura de Nuevo León, por corrupción y otras irregularidades. La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha integrado el expediente de queja denunciando las violaciones a los derechos humanos de Sanjuana Martínez y las irregularidades de la detención que no cumplió con lo establecido por la ley.
Ante estos datos y sin querer entrar en juicios que corresponden a las autoridades judiciales, es por lo que solicitamos al Fiscal General del Estado que abra una investigación —mucho más en estas circunstancias de desconfianza hacia la justicia española— para evitar el desprestigio de la Institución de la que el Sr. Castresana forma parte.
Con esta petición queremos, por un lado, salvaguardar la seguridad física que está en peligro real de Sanjuana Mantínez y de sus hijos y, por otro, que se convierta en un medio para que la ciudadanía española recupere la confianza en uno de los tres Poderes del Estado.
Esta petición surge a raíz de otra que fue retirada  por los motivos que su creadora ya explicó detalladamente a quienes la firmaron.

lunes, 1 de octubre de 2012

Aún sin definir contratación de perito internacional para caso Campo Algodonero


El titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, Ernesto Jáuregui, aseguró que continúa sin definir la contratación del perito internacional, Carlos Castresana Fernández, fiscal del tribunal Supremo de España para que investigue los feminicidios del campo algodonero.

Afirmó que el contrato del perito internacional y otros cuatro especialistas corresponderá exclusivamente a la Secretaría de Gobernación federal y la Secretaría de Gobierno del Estado de Chihuahua y él se limitará a trabajar con el personal que le asignen.

“No es una decisión que dependa de mí, sino de otras autoridades”, refirió, al tiempo de aceptar que personalmente desconocía la acusación de violencia familiar que existe contra el fiscal español interpuesta por su ex pareja, la destacada periodista Sanjuana Martínez.

Como se informó el pasado 5 de julio la reportera sufrió una detención arbitraria en su vivienda por parte de la policía estatal de San Pedro Garza, Nuevo León.

La orden de aprehensión fue girada por la juez Luz María Guerrero, del Juzgado Decimoquinto de lo Familiar de San Pedro, luego de que Castresana interpuso una demanda contra Sanjuana para quitarle a sus hijos.

“Yo le aseguro que no sabía de esas acusaciones hasta que se dieron las manifestaciones de reclamo en torno a la contratación, pero quiero que quede claro que quienes propusieron al fiscal fueron las madres, no todas, de las víctimas del Campo Algodonero”, planteó.

El pasado 10 de diciembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) concluyó que los homicidios de Esmeralda, Claudia Ivette y Laura Berenice –cuyos restos fueron encontrados en el predio ubicado en las avenidas Paseo de la Victoria y Ejército Nacional– ocurrieron en un contexto de discriminación y violencia contra las mujeres, y que durante la investigación de los hechos prevaleció la impunidad, por lo que condenó al Estado mexicano.

Como ocurre en otros casos, las indagatorias están estancadas por lo que la Fiscalía dio a conocer que se contrataría a cinco peritos internacionales para coadyuvar con el caso, entre los que se encuentra el fiscal español.

“Yo le puedo asegurar que no es una contratación que de mi dependa, aunque con la inconformidad surgida no sé si esto se tome en cuenta al momento de definir su contratación. En este caso son cinco los investigadores que van a ser contratados”, agregó Jáuregui.

El funcionario indicó que se corre un riesgo al contratar a una persona que cuenta con una denuncia por violencia familiar, particularmente en esta Fiscalía que es la responsable de abatir este tipo de delitos.

En la capital del país el repudio contra el fiscal Castresana por parte de diversas agrupaciones de defensa de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil ha sido manifestado a través de diversas publicaciones.

“El Estado no puede permitirse ser usado para proteger al agresor y simular acciones de justicia, por el contrario debe colocar en el máximo nivel de prioridad nacional salvaguardar la vida de las mujeres y terminar la impunidad. En esa lógica, la propuesta de Castresana debe ser retirada”, cita un desplegado publicado a principios de septiembre en diarios nacionales.

“No queremos maltratadores en las instituciones, así como también manifestamos nuestra preocupación por la agresión contra la periodista Sanjuana Martínez quien fue detenida arbitrariamente por la juez Luz María Guerrero Delgado de Leija en contubernio con su ex marido Carlos Castresana, violando sus garantías individuales y bajo un excesivo operativo policial con armas largas que a todas luces puso en evidencia el abuso de poder”, dicen más de 40 representantes de diferentes organizaciones civiles.

Carlos Castresana, fiscal del Tribunal Supremo de España, fue denunciado por violencia familiar ante el Centro de Orientación, Protección y Apoyo a Víctimas del Delito (COPAVIDE) de la Procuraduría de Justicia de Nuevo León.

La agresión contra la periodista tiene que ver también con su función como periodista independiente, ya que anteriormente había denunciado a la juez Guerrero Delgado de Leija, por violar la secrecía del albergue de mujeres de Alternativas Pacíficas y secuestrar a su directora, cita el desplegado.

También por su trabajo periodístico de denuncia contra la corrupción del gobierno de Rodrigo Medina.

En el caso de Sanjuana Martínez se unieron tres elementos: la falta de ética de una juez, la persecución por parte del gobierno y la intervención de un ex marido acusado de maltrato que, mediante un abogado, fue capaz de llevar su agresión hasta lograr un arresto ilegal, aseguran.

Finalmente hicieron un llamado a la Fiscalía en Atención a Mujeres Víctimas de Delito

por razones de Género y a los funcionarios y funcionarias encargadas de instancias de justicia y defensa de los derechos de las mujeres para que los investigadores y expertos o expertas o asesores que desee contratar esta Fiscalía o cualquier otra instancia encargada de investigar, prevenir o sancionar la violencia contra las mujeres seleccione personas que no tengan antecedentes de agresión.

“Y sobre todo mantengan una ética coherente con la alta y delicada labor que significa la atención a las víctimas de violencia de género y feminicidio, así como la impartición de justicia o la elaboración de políticas públicas relativas a esta grave problemática que aqueja a nuestro país”, puntualiza el desplegado firmado por las agrupaciones de todo el país, incluidas de Juárez y Chihuahua.

En las últimas dos semanas, el desempeño de esta Fiscalía ha sido cuestionado luego de la liberación de dos supuestos feminicidas por falta de elementos de prueba.

Los imputados fueron exhibidos ante los medios de comunicación como asesinos y durante las audiencias fueron absueltos porque el Ministerio Público, un fiscal de apellido Caballero, se desistió de las acusaciones por falta de elementos de prueba.